Sobre biohackers o cómo llevar la tarjeta de transporte siempre a mano

biohackers portada

Si hay algo por lo que destaca la tecnología ésa es, sin duda, la gran habilidad que tiene para promover cambios. Logró que nos comunicáramos los unos con los otros a miles y miles de kilómetros y de forma instantánea, y no ha pasado ni una década desde que descubriéramos que era posible tener amigos sin necesidad de haberse conocido en persona. Hay voces incluso que reflexionan sobre un futuro en el que los robots sociales de hoy acompañen a las personas mayores en sus hogares o nos atiendan cuando vamos al supermercado.

Lógicamente, estos cambios y los venideros originan situaciones que en principio no tendrían por qué estar reguladas, conllevando así a la creación de nuevos problemas. Eso es lo que les ha ocurrido a las autoridades de transporte de Nueva Gales del Sur, en Australia, que se han encontrado con la demanda sorpresa de uno de los usuarios de la tarjeta de transporte de la ciudad.

En concreto, de Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow, un biohacker australiano que decidió implantarse el chip de la tarjeta de transporte de Nueva Gales del Sur en la mano izquierda con el fin, suponemos, de evitar estar sacando la tarjeta de la cartera cada vez que cogía el autobús. De acuerdo con Meow-Meow, el consorcio de transporte de su ciudad canceló el chip de la tarjeta al enterarse que se lo había implantado, pidiendo así su restitución.

Pero según las autoridades, si habían decidido anular la tarjeta implantada no era por el hecho de llevarla dentro de la mano. Más bien porque dicha tarjeta no se podía manipular y, además, no se hallaba a nombre del biohacker.

Visto lo visto, es inevitable no pensar qué ocurriría si Meow-Meow hubiera residido en Madrid en lugar de en Nueva Gales del Sur y se hubiera implantado el chip de la tarjeta de transporte que se usa en la provincia. Daniel Sánchez Rojas, graduado en Derecho y apasionado de la tecnología, nos lo cuenta.

biohacker transporte publico

«Debemos reconocer que existe una posibilidad de demandar al Gobierno por daños y perjuicios en cuanto a su responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas como establece el artículo 32 y siguientes de la ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público. El problema se halla en que, en esta ocasión, deberíamos considerar que el chip implantado en su cuerpo se trata de un bien; que el acto de implantarse un chip en su cuerpo es un derecho de la persona; o bien que la utilización del chip para utilizar el transporte se corresponde con un funcionamiento normal del servicio público».

De acuerdo con Sánchez Rojas, tales premisas no están reguladas, de ahí que nos hallemos ante una laguna jurídica. No obstante, sí es posible extraer una solución echando un vistazo a las propias características de la tarjeta de transporte.

«La tarjeta de transporte público personal es un objeto con tecnología contactless que sirve para cargar los títulos de transporte emitidos por el Consorcio Regional de Transportes», nos cuenta. «La propiedad de dicha tarjeta corresponde al mismo Consorcio sobre la cual los usuarios del transporte público establecen una relación de compra-venta de la que emanan una serie de obligaciones y derechos».

Respecto a los usuarios, el contrato deja claro qué obligaciones deben cumplir: que el uso es personal e intransferible; que no está permitido realizar cualquier modificación interna o externa; y que la tarjeta debe llevar una fotografía que identifique al portador así como un número de expedición.

«Observando dichas condiciones la implantación de la misma en un cuerpo humano alteraría su condición física y la posibilidad de manipularla internamente. ¿Cómo podría saber un empleado del Consorcio si en dicho chip se encuentra la tarjeta personal del ciudadano? Se necesitarían nuevos mecanismos para la renovación y la conservación de la tarjeta para su revisión y uso diario».

Asimismo el jurista nos recuerda que es el Consorcio quien ostenta el derecho de anular la tarjeta en todo momento, «como en los casos de pérdida o robo, uso fraudulento de la misma o, como en el caso del ciudadano australiano, donde la tarjeta no estaba a su nombre».  Y que, en definitiva, el sistema aún no está preparado para ser implantado en el cuerpo de los usuarios.

 

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